Ante el aberrante caso de la joven de 19 años que denunció a un chofer de la línea 132 de El Cacique por haberla abusado sexualmente durante un viaje, las autoridades de las secretarías de Movilidad y de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad mostraron preocupación por una problemática latente, y prometieron intensificar las políticas para abordar distintas situaciones cotidianas que sufren las mujeres en el transporte público.
Luego de que se ventilara el grave incidente, desde el municipio indicaron que el acoso en el transporte público es una problemática que “preocupa profundamente”, según la titular del área de Género y Derechos Humanos, Mariana Caminotti.
“Es una problemática que se ha visibilizado en los últimos años y viene creciendo, tal vez en función de que tenemos más posibilidades de hacer las denuncias de situaciones que antes estaban ocultas. Por eso estamos en un diálogo permanente con la Secretaría de Movilidad, para abordar el tema de género y transporte, que es central. Y porque las mujeres son las principales usuarias del servicio”, apuntó la funcionaria.
En ese sentido, reforzó la necesidad de “garantizar la integridad y seguridad para que se puedan mover por la ciudad con tranquilidad, sin temor a quedar expuestas a este tipo de situaciones”. Además, detalló que se trabajan al menos tres ejes relacionados a la “revisión de los protocolos y circuitos del tratamiento que se le da a la temática del abuso en el transporte público, para agilizar y optimizar los procesos de actuación de la Municipalidad”.
En es sentido, explicó que se apunta a “la planificación del proceso de formación de género y violencia del personal vinculada a la movilidad y el transporte en el marco de la ley Micaela; en el diseño de un plan más amplio sobre género y transporte que permita tener un marco normativo para atender situaciones que experimentan las usuarias” del servicio de transporte local.
Articular
La idea, según Caminotti, es “dar respuestas a estas problemáticas específicas que afectan profundamente, y que deben ser abordadas para que la violencia de género sea prevenida y combatida desde las distintas áreas de la Municipalidad, con respuestas eficaces y efectivas”.
Por su parte, la responsable secretaria de Movilidad, Eva Jokanovich, mostró su preocupación por el hecho ocurrido en un interno de la línea 132 y reforzó la idea de Caminotti. “Es aberrante; esperemos que no suceda más algo así, pero en ningún ámbito. Nos preocupa, pero en el caso de la movilidad impacta directamente, y es un tema que se dio siempre. Que las mujeres sufren acoso es un hecho, y la mayoría de las veces es por otros pasajeros”, indicó.
“El transporte es un ámbito de hombres, debemos trabajar para incluir a la mujer, no sólo como usuaria. Hay una problemática específica y estamos generando un plan con objetivos claros para generar proyectos con el fin de mejorar los indicadores”, agregó la responsable de Movilidad.
Finalmente, se le consultó sobre los requisitos y exámenes psicofísicos que debió atravesar el chofer para acceder al empleo como servidor público. “Los exámenes son muy rigurosos y seguramente los aprobó, sino no hubiese estado trabajando. Pero está claro que estamos hablando de un perfil perverso. Igualmente eso está a cargo de la empresa El Cacique. Este hombre seguramente no va a conducir más”, recalco Jokanovich.
Aberrante
El caso de la joven de 19 años que denunció a un chofer de la línea 132 de haberla abusado sexualmente el 15 de enero durante un recorrido que se inició en Batlle y Ordoñez y Ovidio Lagos encendió la polémica sobre la problemática de la seguridad en el transporte público de pasajeros de Rosario, particularmente de las mujeres.
El trabajador, de 36 años y padre de tres niños fue identificado a partir de una serie de evidencias que colectó la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Nora Marull, quien ordenó su inmediata detención. En una audiencia celebrada el jueves se describió el relato que la víctima volcó en la denuncia.
Según detalló, ella era la única pasajera que a las 21.45 de ese día abordó el interno 93 de la línea 132. El conductor le dijo que se sentara en el primer asiento porque atrás “le podían robar”. Luego arrancó con las luces interiores apagadas, y aminoró la velocidad en el puente de Ovidio Lagos a la altura de Circunvalación.
Allí, le anticipó: “Vas a tener mis servicios gratis”, le dijo con un tono libidinoso, y siguió el viaje con el habitáculo en penumbras. Luego, volvió a detener el colectivo en inmediaciones de Ovidio Lagos al 5200, y trabó las puertas para impedirle que huyera.
“Se le acercó y comenzó a darle besos en las mejillas, le pasó la lengua por la cara, la sujetó de los brazos y forcejeó con la joven. Se bajó los pantalones y el calzoncillo e intentó sacarle la calza para penetrarla”, relató la fiscal.
Como la joven se opuso, el chofer se acomodó en su asiento y prosiguió el recorrido manejando con los pantalones bajos y el cinto desabrochado. Siempre con las luces interiores del micro apagadas, llegó a la zona del Club Provincial, en 27 de Febrero y Ovidio Lagos, donde de nuevo intentó bajarle las calzas para violarla.
En Dorrego y Virasoro estacionó debajo de un árbol, en un contexto oscuridad y arrinconó a la chica en el espacio reservado para los discapacitados. “Enferma, hija de puta, dale que tengo que hacer un rapidito de cinco minutos antes de que llegue el otro colectivo que viene atrás”, recordó la fiscal durante la audiencia imputativa.
En todo momento intentó penetrarla pero la víctima se tapó la vagina con las manos. Igualmente se masturbó y le eyaculó en la calza, en la cara y en las manos. La chica quedó inmersa en una crisis espantosa. El conductor encendió las luces del colectivo, retomó la marcha y empezó a recoger pasajeros como si nada.
La mujer pudo bajar del colectivo en Maipú y San Luis, y al otro día radicó la denuncia junto a su madre. Los elementos incriminantes que citó la fiscal fueron tomados como suficientes por la jueza Paula Alvarez para aceptar y acreditar el hecho en esta instancia del proceso. Con el encuadre legal por los delitos de abuso sexual en grado de tentativa y abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real, ordenó la prisión preventiva por el plazo máximo de ley (dos años) para el servidor público.